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Las nuevas tasas judiciales y su solución: los Seguros de Defensa Jurídica

¿Qué significa esta ley para el ciudadano?

Esta ley exige al ciudadano el pago de una tasa judicial para acceder a los tribunales de justicia en el orden civil, mercantil, contencioso-administrativo y social a las personas físicas, dejando de ser gratuito en la mayoría de los casos.

Ahora, la Ley 10/2012 extiende la obligación del pago de tasas a las personas físicas y que la Ley 53/2002 ya imponía a las personas jurídicas que facturaban más de 8 millones de Euros al año y en la que las personas físicas quedaron exentas.

En conclusión, esta normativa supone un incremento del importe de las mismas y el número de supuestos en las que deben abonarse las tasas para quienes promuevan el ejercicio de la potestad jurisdiccional. El cálculo de la misma se efectúa en base a una parte fija, según el tipo de proceso judicial y una parte variable en función de la cuantía a reclamar.

¿Está en vigor?

La Ley entró en vigor el pasado día 22 de noviembre y es aplicable partir del día 17 de diciembre tras la publicación de la Orden Ministerial 13/12/2012 en el BOE por la que se regula el procedimiento de liquidación y cobro. La Orden recoge los dos modelos para la autoliquidación y la solicitud de devolución por solución extrajudicial de tasas judiciales.

¿Qué es una tasa judicial?

La tasa judicial significa el pago de una cantidad por utilizar los servicios de la Administración de Justicia.

¿Cuáles son sus implicaciones?

Es evidente que esta Ley y en una primera aproximación va a suponer un encarecimiento del acceso a la justicia.

A partir de ahora, el ciudadano que requiera del juez una sentencia y no reúna los requisitos para beneficiarse de la Justicia Gratuita deberá añadir el coste de las tasas a los gastos ordinarios,

§ Honorarios de abogados.
§ Aranceles de procuradores.
§ El abono de las costas procesales. En el supuesto que la sentencia dictada por el juez no resulte favorable a sus intereses y le condene al abono de los gastos de la parte contraria.

esta disposición refuerza la tesis de que la solución más satisfactoria para las partes es siempre la amistosa, o la vía de resolución alternativa de conflictos (ADR), reduciendo en la medida de lo posible, los supuestos que deben resolverse ante los tribunales de justicia.

Esta norma puede hacer pensar en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, con un efecto disuasorio por imposición, ya que el ciudadano que considere vulnerados sus derechos quizás no acuda a los tribunales por falta de medios. Pero, también puede ser un incentivo para avanzar desde la sociedad civil hacia un cambio de mentalidad, en la que sólo acudamos a los tribunales como última alternativa e intentemos solventar nuestras disputas conforme a otros medios alternativos, por ejemplo la Mediación de conflictos.

¿Qué aporta el Seguro de Protección Jurídica a esta situación?

El Seguro de Protección Jurídica facilita y abarata el acceso a la justicia.

Entre las coberturas de este seguro está la cobertura del abono de determinados gastos, y que incluyen las tasas judiciales, además de los honorarios de abogado, procurador, informes periciales que tuvieran que efectuarse para acreditar situaciones o derechos, costas procesales a que el asegurado fuera condenado y otros.

Además, acudir a los juzgados es la última opción. Se resuelven más del 80% de conflictos de forma amistosa y las nuevas pólizas ya incluyen en sus garantías la cobertura de resolución de conflictos a través de procedimientos de Mediación. Esta nueva forma de resolver las controversias permite alcanzar soluciones más satisfactorias para los asegurados, agilizando el plazo de resolución.

¿El demandante podrá recuperar el importe si obtiene una sentencia favorable?

Sí, con las salvedades de la práctica judicial. Es cierto que el demandante tiene la posibilidad de recuperar el importe de la tasas, si el juez dicta una sentencia favorable a sus intereses y además condena en costas a la parte contraria. En este caso será el demandado quien pague el coste de la tasa del demandante.

La realidad es que en muchos casos no hay una condena en costas y aunque exista esta condena no se materialice por varias razones, entre ellas, que la parte contraria sea la Administración, que se le haya reconocido la justicia gratuita o que el condenado a su pago sea insolvente.

Un aspecto a destacar positivo y que esperamos que alcance el objetivo que se fija la propia ley “de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales” estableciendo la devolución del 60% del importe de la tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio. En este sentido, nuestra misión va más allá, como especialistas en defender y reclamar los intereses de nuestros asegurados, trabajamos para resolver los conflictos de forma amistosa, sabemos que la mejor solución es la que se alcanza fuera de los tribunales de justicia, evitando vencedores y vencidos, y la posibilidad de seguir manteniendo el contacto entre las partes en el futuro. Por este motivo, apostamos de forma decidida por la Mediación de conflictos, y que si esta ley permite alguna lectura optimista, es la de esperar que nuestra sociedad avance en la dirección de los países más desarrollados y aplique de forma habitual los métodos alternativos para solventar sus controversias.

Ejemplos prácticos

Garantía de reclamación de daños no contractual.

Un socavón en la calle me ha provocado una caída causándome lesiones. He estado varios días de baja y me ha quedado una cicatriz en la pierna. Tengo que reclamar al Ayuntamiento una suma de 3.400 € en concepto de indemnización de los daños y perjuicios sufridos. El Ayuntamiento me ha desestimado la reclamación y debo acudir a los Tribunales. Sólo en concepto de tasas judiciales debo abonar 217 €.

A causa del atropello de un vehículo he sufrido lesiones permanentes irreversibles. La cuantía de la reclamación asciende a 500.000 €. En ese caso, sólo en concepto de tasas judiciales tendría que abonar 2.800 € por presentar la demanda. En el supuesto que tuviese que recurrir en apelación la sentencia debería abonar el importe de 3.300 € más. En total, 6.100 €.

Conflictos no contractuales relacionados con la vivienda asegurada.

Reclamación de daños de humedades sufridos en la vivienda, causados por la impermeabilización defectuosa de la terraza perteneciente a la comunidad de propietarios. La reparación de las humedades y la reclamación a la comunidad para que repare el origen de los daños se estima en un importe superior a 2000 €, la mera presentación de la demanda conlleva el pago de 163 € en concepto de tasas judiciales.

La comunidad ha tomado un acuerdo que me perjudica y quiero impugnar el acta. La simple presentación de la demanda conlleva el pago de 390 € en concepto de tasas judiciales.

Conflictos contractuales relacionados con la vivienda asegurada.

Contraté una empresa de reforma y no han acabado la obra. Falta por realizar la mitad de las obras que constan en el presupuesto que ascienden a 4.000 €. En el momento de presentar la demanda debo abonar en concepto de tasas judiciales 170 €.

Derechos relativos a contratos de arrendamientos de servicios.

A causa de una negligencia médica sufrida en una operación debo reclamar en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos la cantidad de 50.000 €. Sólo en concepto de tasas judiciales debo abonar 550 €; si se tuviese que recurrir en apelación la sentencia tendría que abonar 1.050 € más. En total, 1.600 € solo en concepto de tasas judiciales.

En el caso de tener que reclamar indemnización de 2500 € por una cancelación de vuelo, la presentación de la demanda supondrá en concepto de tasas judiciales la cantidad de 162,5 €.

Derechos relativos a los contratos de suministros de la vivienda asegurada.

He sufrido un corte del suministro de electricidad en la vivienda que ha estropeado los alimentos que estaban en la nevera y me ha dejado sin suministro durante 2 días. Reclamo a la compañía 2.600 € en concepto de alimentos estropeados, y daños y perjuicios. La presentación de la demanda supondrá un coste de 163 € en concepto de tasas judiciales.

He de reclamar a la compañía de telefonía 2.300 € por haberme facturado incorrectamente llamadas no realizadas al 806. La presentación de la demanda supondrá un coste de 161,5 € en concepto de tasas judiciales.

Derechos relativos a los bienes ubicados en la vivienda asegurada y en los vehículos propiedad del asegurado.

Me he comprado un vehículo nuevo y el motor falla. El taller no considera incluida la avería dentro de la garantía y pretende que le abone 3000 € por la reparación. La presentación de la demanda supondrá un coste de 165 € en concepto de tasas judiciales.

Reclamación por incumplimiento de otros seguros.

Suscribí un seguro de Desempleo y ahora la Compañía contraria se niega a pagarme. Debo presentar demanda reclamando 15.000 €.La presentación de la misma supondrá 225 € en concepto de tasas judiciales, sin perjuicio de los honorarios de letrado y procurador.

Recurso contencioso-administrativo sanciones de tráfico.

Me han impuesto una sanción de tráfico por no identificar al conductor por importe de 600 Euros. No recibí requerimiento previo, he formulado recurso administrativo y la Administración lo ha desestimado. La tasa por recurrir una multa de 600 € ante los tribunales es de 201 €.

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